Libertad de expresión, un mito para el periodismo en México

“El gran pecado, el imperdonable delito, escribir sobre los dolorosos acontecimientos que suceden a nuestro país. Denunciar los malos manejos del erario, las alianzas entre narcos y mandatarios, fotografiar el momento exacto de la represión, darles voz a las víctimas, a los inconformes, a los lastimados. El gran error, vivir en México y ser periodista.” (Valdez, J. 2016)

México es uno de los países donde las principales víctimas negadas del derecho a la libertad de expresión son las y los periodistas. El periodismo, una actividad de comunicación humana que tiene como objetivo proporcionar información a la ciudadanía, la cual coadyuve a ampliar el conocimiento de su entorno y de sí mismo y por ende en la toma de decisiones, se encuentra envuelto en una atmósfera de violencia y muerte, donde incluso la y el periodista caminan día con día con ello.

“La información es cada vez más importante en nuestras vidas. La capacidad de investigar, recibir y difundir información con exactitud y rapidez tiene un enorme impacto en la salud de la libertad de expresión y en la democracia.” Estar informados en esta sociedad mediática se ha considerado como el “oxígeno de la democracia”, puesto que una sociedad informada hará que tome mejores decisiones y tenga un amplio panorama acerca de lo que atañe en su entorno, de la vida política del país, de cultura general, de las actividades deportivas, de la economía…. Sin embargo, la difusión de la información de ciertas áreas se encuentra restringido, limitándose la libertad de atraerse información, informarse y ser informado, no solo para el/ la periodista sino también para la ciudadanía.

En el ejercicio profesional del periodismo, la difusión de la información a través de los medios de comunicación se vuelve una tarea complicada, debido a que, publicar materiales que se encuentren ligados a actos que han quebrantado a la ciudadanía por parte de políticos o de los cárteles de narcotráfico termina pagándose en el peor de los casos con la privación de la libertad, la privación de la vida.

En México, “del primero de enero del 2000 al 31 de marzo del 2018, 133 periodistas fueron asesinados, 14 mujeres y 119 hombres” (Reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos- CNDH-) donde México y Afganistán figuran como los países más peligrosos para informar.

Ante ello, cabe preguntarse si realmente las autoridades tienen interés en defender a las y los periodistas o si, como parece, todo son solo palabras al viento. En un país donde los políticos no están acostumbrados a rendir cuentas a la ciudadanía, las y los periodistas en se convierten en los principales enemigos de estos, por el único hecho de “denunciar, de exponer a la ciudadanía lo que no está bien, por hablar de temas que no son del gusto de estos funcionarios”.

Política y narcotráfico: arma de doble filo

El estrecho vínculo de la política con el narcotráfico en el país, se convierte en el arma letal para silenciar las voces, para generar represión y decir que no pasa nada y todo está bien. Lo interesante de ello es que las agresiones a los profesionales de la comunicación provienen principalmente de quienes deberían garantizar el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en el país: los funcionarios públicos.

El sexenio de Enrique Peña Nieto es considerado uno de los más violentos, con un incremento considerable en asesinatos a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en el país. R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con la organización Article 19 y Socialti presentaron el informe Gobierno espía, “en el que documentaron 76 intentos de infección con el malware Pegasus en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos en México; en el que todo apuntaba hacia el gobierno federal como su artífice”.

Pegasus

Pegasus fue un programa de malware que llegaba a instalarse por sí solo en el móvil y ordenadores de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Este programa permitía tener acceso a todos los archivos registrados, así como conversaciones, localización e incluso acceso a la cámara y el micrófono.

Es increíble ver como los propios funcionarios públicos quienes se suponen que son los encargados de velar por la integridad de los ciudadanos en el país, son los principales actores en la violación de la privacidad, el ejercicio profesional y desarrollo íntegro de los habitantes. “El Gobierno mexicano espía a sus críticos. Utiliza el dinero de todos nosotros para cometer este tipo de actos ilícitos” (Aristegui Carmen).

Si bien, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que "todos los seres humanos tienen el derecho de tener sus propias opiniones y también de expresarlas. Tienen el poder compartir sus opiniones con otros a través de cualquier forma o formato, inclusive con personas de otros países." Este derecho tiende a ser válido cuando se trata de expresar gusto o preferencia por una bebida encima de otra, al manifestar nuestra opinión en el salón de clases, al hacer comentarios… pero no se valida este derecho cuando se trata de manifestar opinión en un medio de comunicación con temas en torno a la vida política del país, preferencias políticas, religiosas o incluso de la preferencia sexual.

Ante estos casos, podemos ver que la “libertad de expresión” es algo polifacético y complejo que persiste bajo un grupo dominante de una sociedad, misma que “prohíbe la expresión pública de ciertos puntos de vista, a través de la promulgación de leyes o de la intimidación, simplemente porque esos puntos de vista van en contra de las normas de los que tienen el poder.”

Caso Javier Valdez y Miroslava Breach

Uno de los casos detonantes en México con el cual las y los periodistas decidieron alzar la voz fue el asesinato del periodista Javier Valdez y Miroslava Breach en 2017, ambos periodistas dedicados a denunciar los actos de corrupción por parte de políticos, criminales y su asociación con el narcotráfico en el país.

“Los motivos detrás de los asesinatos varían: hay matones de carteles del narcotráfico molestos por una cobertura audaz en su contra, hay funcionarios públicos corruptos que quieren silenciar a los críticos, así como violencia arbitraria e, incluso, casos de reporteros que cambiaron de bando y se unieron a los mundos criminales que cubrían.” (The New York Times, Es)

Las amenazas hacía periodistas que en su mayoría provienen de funcionarios públicos, los que tienen el poder, lo cual hace que entorpezca las investigaciones para aclarar los hechos y hacer justicia ante la ola de violencia que se ha desatado por el único delito imperdonable “escribir sobre la fractura que tiene el país”.

Al respecto, la Organización Artículo 19 en su informe “Periodistas desaparecidos en México” sostiene que, 96 por ciento de las victimas trabajaban en temas de corrupción y delincuencia, con posibles autoridades involucradas y se agrega que, 15 desaparecieron en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Michoacán. Un 23% de las víctimas investigaba el posible vínculo de autoridades en el nivel municipal, estatal y/o federal con grupos del crimen organizado, destacándose de esta manera que, “los periodistas son un grupo de particular vulnerabilidad en relación a estas violaciones”, libertad de expresión y pleno ejercicio de su profesión.

Es importante destacar que, “las investigaciones de periodistas desaparecidos y la resolución de casos de asesinato están plagados de irregularidades y hasta ahora no desembocan en ningún resultado, lo cual demuestra que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) – integrada a la PGR en julio de 2010- únicamente ha fomentado la impunidad”. (Fuente Proceso, Libro Narco periodismo, Valdez Javier).

La situación de violencia en México es crítico, algo que puede olerse desde Tijuana, en la frontera del paso norte, hasta el sur sureste de México. Anteriormente puede que se tuviese la vaga idea de que los asesinatos hacia el gremio de periodistas únicamente ocurría en estados invadidos por grupos de narcotráfico, donde se evidencia una lucha constante por el territorio; sin embargo, la violencia se ha expandido hacia otros rincones pero el gobierno hacía caso omiso a estos hechos hasta que mataron a Javier Valdez, periodista reconocido no solo en México sino también a nivel internacional, lo cual detonó en la alza de la voz de sus colegas y comunicadores en el gremio.

“Hasta que no se vuelva la muerte de periodistas y la protección del gremio un asunto de verdadero interés público, y se dote de autonomía, recursos y dientes a las instancias encargadas de investigar y sancionar las agresiones, con mecanismos independientes y efectivos para supervisarlas, no se lograrán avances reales en la materia ni para el pleno y libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en México”. (Valdivia Jorge, El periodismo en México: contra la violencia, el espionaje y el bla, bla, bla).

¡No se mata la verdad matando periodistas!